El derrumbe de una deficiente arquitectura estatal

ruinas

En España se produce, desde hace más de un siglo, un desencuentro entre distintas ideas de lo nacional. Después de varios periodos democráticos, con sus correspondientes textos constituyentes, e incluso de lapsos totalitarios como con Primo de Rivera y Francisco Franco, no ha podido solucionarse el problema territorial y político vinculado a las distintas nacionalidades que se agolpan en la Península. Persiste una cuestión que, lejos de sofocarse, parece subir en intensidad.

Uno de los principales escollos se encuentra en la Constitución de 1978, pues, de manera inequívoca, ha generado no pocas controversias debido a la espinosa ordenación territorial estatal. Se mezcla, de manera más que confusa, una pretendida autonomía periférica con la unidad del Estado bajo varias conceptualizaciones que no acaban de dirimir el tema. Para empezar, se admite la existencia de un Estado nacional, conformado por diferentes comunidades autónomas a las que se les permite cierto grado de autogobierno, pero que, finalmente, son dependientes del texto constitucional y del gobierno Central. Los gobiernos territoriales son equiparables en muchos aspectos al Central, pero, en último término, están a expensas de la aceptación de sus propuestas por parte de los organismos estatales. Esto, por supuesto, genera una doble lealtad que, en algunos casos, invita a la desaparición de una de las dos referencias legislativas.

Por otro lado, la Constitución también apela a la solidaridad entre territorios y, de manera patente, esto no se ha producido debido a que el proceso autonómico español se ha convertido en una alocada carrera para conseguir prebendas y beneficios. La vía para la consecución de estos privilegios, lejos de hacerse de manera cooperativa a través de los órganos creados para este fin, se funda en la asunción de un contraste competitivo entre regiones que fulmina toda posibilidad solidaria. Así, lo nacional periférico termina en un planteamiento mercantilista que no redunda sino en la elaboración de unos presupuestos más o menos satisfactorios dependiendo de la cantidad negociada. El Senado, como institución orientada a la gestión territorial, queda desvirtuado y convertido en mero ornamento.

Los estatutos de autonomía, tal y como son entendidos por gran parte de la opinión pública, suponen un atentado contra el nacionalismo español que parecen socavar el volksgeist nativo. Se termina en el atolladero sentimental del patriotismo, un callejón en el que no existe salida sin enfrentamiento ni fricción; en algunos casos, de gran alcance y violencia. Se encuentra en este punto la conflictividad inherente a lo político que cumple con varias características: en primer término, no se puede eliminar el enfrentamiento, siempre van a producirse disconformidades que deberían resultar enriquecedoras y no un obstáculo, tal y como se entiende desde ámbitos diversos. De hecho, todos los nacionalismos implican una invención, más o menos elaborada, que intenta aglutinar bajo una misma marca identitaria a la población. Envuelve la herencia ilustrada para la que lo nacional era entendido en una clave unitaria que hacía las veces de aglutinante. El problema llegó de la mano de otras consideraciones de lo nacional disolventes. En otras palabras, el sentimiento periférico también elaboró, en este caso a finales del XIX, una idea de la nación que no se correspondía con la articulada desde los ámbitos oficiales. Brota, en este caso, el problema como oportunidad de proyecto para la búsqueda de soluciones comunes en base al enfrentamiento dialéctico. La oposición, el otro enfrentado que persigue un objetivo idéntico, aunque contrario, supone una posibilidad para el enriquecimiento mutuo que en pocas ocasiones se ha utilizado. Más bien al contrario, lo nacional ha sido instrumentalizado para la obtención de réditos particulares que ni de lejos se acercan a un posible florecimiento político. Más bien al contrario, estas nociones sobre lo nacional instigan al enfrentamiento incivil descargado de todo atisbo de inteligencia.

Los Estatutos de Autonomía tienen su origen en el periodo republicano, aunque, por contrariedades obvias, solo el catalán pudo llevarse a término mientras el vasco y gallego quedaban sepultados bajo el conflicto bélico. Tras el periodo nacionalcatolicista, durante el que se entendió lo hispano desde un prisma menendezpelayista vinculado a discursos como el de Donoso Cortés, se abrió de nuevo el periodo democrático que puede resumirse en el eufemismo “café para todos” de los Pactos de la Moncloa. Así, se abrió la puerta hacia la descentralización estatal, aunque, como ha quedado de manifiesto, sin la posibilidad de alcanzar una satisfacción adecuada para todos los implicados.  Después de la mencionada carrera en pos de mercedes que ahogan de manera definitiva el principio de solidaridad entre territorios, ahora surge la queja de que no todos los nacionalismos periféricos estuvieron incluidos en estos pactos. El resultado no es otro que el cuestionamiento de una deficiente organización estatal que después de más de un siglo sigue ofreciendo hondos interrogantes sin visos de solución. El proceso constituyente de la Transición resultó, a la vista del resultado, improvisado y poco efectivo a medio y largo plazo. Sin restar un ápice al mérito de lograr acabar con el Franquismo de manera pacífica, supone un momento de la historia reciente que merece ser repensado desde el respeto de un trabajo válido para la necesidad de un tiempo realmente convulso.

El presente ofrece, como único resultado, una situación en la que el independentismo catalán pretende, en oposición al gobierno central, una consulta ciudadana. ¿Qué implicaciones tiene este escenario? En principio, ninguna, aunque, de manera subrepticia, tiene importantes ramificaciones. En primer lugar, el gobierno central entiende el envite, y quiero parafrasear, como el “desafío soberanista”. ¿Por qué catalogarlo así? Porque se interpreta como una oposición descarnada contra la idea de lo español sostenida por ciertos sectores. Ahora bien, al no tratarse de un proceso vinculante, no tendría por qué tener mayores consecuencias. No obstante, al existir una oposición tan visceral desde el ejecutivo y determinados círculos conservadores, el independentismo catalán está logrando su meta. Esta no es otra que abonar un victimismo excusado por la supuesta ausencia de recursos democráticos en el Estado español. Sin ningún género de dudas, esta sí puede resultar la vía para abrir la lata hacia cierto grado de autonomía. El uso y abuso de este tipo de políticas populistas son las que pueden dinamitar la deficiente arquitectural institucional y territorial española. De hecho, estas propuestas habitan en las ruinas de lo comunitario, pues se nutren de la imposibilidad de gestión política. De darse una solución, el populismo se disuelve debido a su vacuidad.

De manera concluyente, resulta capital acometer el estudio de esta disposición pétrea. Se hace imprescindible el tendido de puentes para intentar desenmarañar un problema que, de no resolverse se enquistará hasta provocar una implosión más dañina. En este sentido, debería establecerse una posibilidad dialógica entre los afectados para expresar alternativas que vengan a enriquecer un texto constituyente que ofrece síntomas de agotamiento. En último término, tendría abordarse una necesaria reforma constitucional que eliminase los escollos analizados permitiendo el avance hacia nuevos derroteros que, sin duda, generan nuevos conflictos, pues, en definitiva, este es un punto idiosincrásico de lo político.

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