La deriva monárquica

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La organización de lo comunitario supone un imperativo que desemboca en la política. Esta no es más que un intento de paliar las discrepancias que se producen en toda agrupación humana. Se puede sostener como rasgo antropológico el conflicto; en cuanto el individuo se escapa del fuero interno y entra en contacto con la alteridad se desata la fricción que desencadena lo político como posibilidad para escapar a esta circunstancia. No obstante, al tratarse de una singularidad tan particular resulta imposible desembarazarse de esta característica.

La historia de la política no es más que un intento por esquivar esta circunstancia. Verbigracia, cualquier régimen totalitario implica la pretensión de mantener el orden y la ley. Ahora bien, los métodos para conseguirlo fundados en la aniquilación de cualquier tipo de discrepancia no son los más adecuados para el fin perseguido. De hecho, la coacción, aunque eficaz en un primer envite, implica problemas posteriores cuando estalla el malestar en forma violenta. Involucra, por tanto, un problema añadido ya que incita una explosión en lo común difícilmente subsanable. Una vez que estalla el enfrentamiento solo se frena con la eliminación absoluta del rival.

Otros modelos de gestión de lo común invitan a la participación ciudadana. El individuo, en este tipo de regímenes de tono democrático, asume una dimensión pública que genera la inserción comunitaria y la colaboración con el otro. De manera evidente el conflicto nunca desaparecerá. De hecho, en democracia se recrudece adquiriendo la forma de “guerra civil”; como acostumbraba a reclamar Unamuno para la buena marcha de la organización social.

El presente arroja un panorama en el que la inserción en lo público debe hacerse de la mano de instituciones y representantes. Cuando el conjunto va más allá de una comunidad de vecinos o algún tipo de asociación, resulta inviable la participación directa. Esto, por supuesto, no supone un menoscabo de la dimensión cívica del individuo. Desde la modernidad no hay otro modo de regir la deriva social. El crecimiento demográfico y la progresiva burocratización implican la profesionalización de la política, pues este necesita de un alto grado de especialización que saca fuera de este círculo a todo aquel que no esté volcado en el asunto.

La institucionalización procedente de la modernidad nace la endogamia y la jerarquía propia de los que podían acceder a un tipo de formación elitista que permitiese el acceso a lo común. Esto genera una segregación ciudadana entre aquellos con posibilidades de entrar en este círculo y los incapaces, por sus condiciones vitales, de conseguir este tipo de rentas, formación o distinción. Sin embargo, la dinámica va alterándose durante el XIX con el desarrollo de una clase media con posibilidades de medrar en la gestión de lo comunitario. Se desarrolla por este camino el cambio de tono constitucional que permite la inclusión del Parlamento como medio para catalizar la voluntad popular que, de otra forma, quedaría subsumida bajo las voluntades particulares de las clases pudientes o aristocráticas.

El constitucionalismo y el sufragio permiten una colaboración activa de la ciudadanía y la universalidad de la política. Lo común, a pesar de su carácter proyectado desde el individuo y su vocación social, deja de ser patrimonio de un reducido grupo endogámico que dirige a su antojo el destino colectivo. La deriva occidental ha desembocado en los distintos tipos de parlamentarismos que existen en la contemporaneidad. Cada uno de ellos con su particularidad que lo hace único y con sus características privativas que intentan, como ha quedado dicho, reducir el conflicto esencial de lo político.

En España se disfruta desde hace años de una monarquía parlamentaria. Se encuentra esta particularidad propia de lo hispano en la que lo novedoso convive con lo tradicional. La monarquía, como institución clásica, brota del hontanar tradicional y llega hasta la actualidad con pequeños paréntesis que no hicieron sino reforzar el modelo. De alguna manera la gestión republicana de lo común no ha resultado satisfactoria en España y ha derivado de nuevo en el tradicionalismo. De hecho, el avance republicano (en sentido revolucionario) se transforma en reacción conservadora que vuelve sobre los pasos supuestamente descartados.

El constitucionalismo español señala que la Corona española cumple con tres funciones fundamentales: simbólica, representativa y mediadora. Las dos primeras explicitadas en el texto constituyente y la última implícita. Son funciones de las cuales no puede hacerse un balance efectivo, pues, de manera evidente, el simbolismo y la representación resultan abstracciones que no pueden cuantificarse de manera objetiva. El símbolo, si bien aglutinante y proclive a la cohesión social, también puede generar el desarraigo y la división si no es compartido. Al tratarse de una imposición, a la que se llegó por acuerdo y referéndum, siempre encontrará parte de la ciudadanía en contra. Habría que dirimir qué porcentaje de la población se encuentra en esta tesitura. La función representativa, evidentemente necesaria cuando se requiere de relaciones internacionales, tampoco puede ser valorada de manera objetivo ni puede ser sometida a revisión por el carácter de la institución. La jefatura del Estado recae en la monarquía resultando una función primordial que requiere de preparación y, por supuesto, de aptitudes. Los actos del Estado, el Ejército y la solemnidad derivada de la rúbrica regia también coadyuvan a que gire el engranaje comunitario. La problemática intrínseca a esta institución, más allá de la esencial a lo político, viene dada de las paradójicas situaciones a las que se expone el conjunto social. Todas estas ocupaciones desempeñadas por la Casa Real podrían llevarse a término por cualquier otro representante popular elegido mediante sufragio, como sucede en otras democracias parlamentarias. Ahora bien, la salvedad se encuentra en que no se trataría de un puesto al que se accede por méritos hereditarios y de carácter vitalicio. En este caso, sería una responsabilidad adquirida con carácter temporal y, por supuesto, sometido a la crítica de la opinión pública que, como ha quedado de relieve, es lo más adecuado para acabar con el conflicto. Pues, aunque resulte extravagante, el enfrentamiento dialéctico es el medio más adecuado para terminar con la disyuntiva connatural a lo comunitario.

 

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